EL PERIÓDICO publicó el 17 de marzo el artículo Una respuesta integral, de la magistrada Francisca Verdejo, quien alaba las virtudes de la ley 1/2004 de protección integral contra la violencia doméstica al tiempo que desacredita a los operadores jurídicos que no son de su misma opinión. Centra sus críticas en la abogada Lidia Falcón, maestra de la letrada que suscribe, por tener la valentía de denunciar el enorme margen de discrecionalidad que alberga la norma y por exponer la desgraciada situación de desamparo en la que queda la víctima tras interponer la denuncia. Letradas que nos dedicamos a este ámbito del derecho constatamos cómo diariamente la víctima que acude a denunciar se expone a que la policía tenga a bien recoger como tal su denuncia o que acceda a hacerlo sin dilaciones. Cuando hay denuncia, el asunto pasa al Juzgado de Violencia Doméstica --una de las grandes aportaciones de dicha ley--, que suelen estar colapsados y dirigidos por jueces sin especialización en la materia y, mayoritariamente, sin ninguna sensibilidad que impida que insistan a las víctimas en que apremien en sus declaraciones porque "no les interesa su vida".Hay honrosas excepciones, como es el caso de la señora Verdejo, quien adora su labor al frente de estos órganos pero resulta incapaz de garantizar que cuando concede una orden de alejamiento contra un agresor esta vaya a ser respetada puesto que no ha sido la ley dotada de medios materiales ni económicos para ponerla en práctica. Si además tuviera en cuenta que las sentencias condenatorias no se están ejecutando y que las víctimas no son indemnizadas, reconocerá que no se trata de ignorancia del cuerpo de la ley, sino de excesivo conocimiento de la realidad práctica cotidiana. Queda mucho camino por recorrer en materia legal para garantizar la protección de la víctima.
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